El fin de semana del 3 de octubre de 2009 se realizó, en Estambul, Turquía, la reunión anual del FMI (Fondo Monetario Internacional) con sus 186 miembros. En el orden del día, estaba la muy necesaria reforma del organismo internacional, reclamada por la opinión pública mundial desde hace mucho tiempo, pero que recién ahora cobró impulso con los efectos del shock de la crisis financiera mundial.
 
De hecho, la ilegitimidad de la gobernabilidad, la corrupción del mandato y el anacronismo de la gestión del FMI, se tornaron alarmantes al causar la falla en la previsión de la crisis mundial, la omisión en acciones de combate a sus efectos y la inercia en la propuesta de acciones correctivas necesarias para la estabilización de las finanzas, así como la economía mundial hacia el futuro.
 
Vale recordar que el FMI es uno de esos organismos multilaterales creados en la post-guerra para, en realidad y en conjunto, promover la prosperidad selectiva de unos pocos países hegemónicos en detrimento de los demás. Aplicó las recetas macroeconómicas en el sentido de asegurar el libre flujo de recursos de los países en desarrollo hacia los países desarrollados, como parte del formateo de la explotación sistémica post-colonial.
 
Como parte de la estructura necesaria para viabilizar sus reales propósitos, el FMI abriga una estructura ilegítima en la representatividad de sus miembros, en la que algunos, los ricos, tienen mayores poderes que los otros, los emergentes. Así, las cuotas que determinan el poder de voto en la institución están en manos de los países hegemónicos. Los llamados países BRICs (Brasil, Rusia, India y China), hoy los propulsores de la economía mundial, tienen en conjunto menos del 10 por ciento del poder de voto en el FMI, menos de un tercio que el que detentan los países de la UE (Unión Europea).
 
En el FMI, como en el resto de todos los principales organismos multilaterales, los EE.UU. (Estados Unidos de América), el principal agente de la teoría de la prosperidad selectiva de las naciones (la propia), tienen el poder de veto. Como parte de la división espuria del poder mundial, la UE siempre ha designado al presidente del FMI, mientras que los EE.UU. aconsejan al del Banco Mundial.
 
Así, de la misma forma que en las situaciones de derecho doméstico, las fallas en la representatividad comprometen al régimen político, que deja de ser democrático para convertirse en dictatorial. Las consecuencias de dicha situación son muchas, ya que el organismo pasa a atender a intereses oligárquicos y presentar fallas o vicios operativos que van desde la constitución de la dirección no representativa, a la contratación desproporcionada de funcionarios clientes de la nacionalidad del núcleo central, a la imposición de un ethos etnocéntrico y, finalmente de la representación no del interés colectivo, sino del particular.
 
La tradicional imposición de doctrinas espurias para la facilitación de la mejor y más eficiente expoliación de los países en desarrollo, como aquel conjunto de medidas denominado “Consenso de Washington”, es el resultado de la corrupción y desvío de los propósitos de un organismo internacional.
 
Pues bien, el mencionado conjunto de vicios derivó, durante la crisis económica, en la falta de todo tipo de diagnóstico o alerta, por parte del FMI, respecto de su inminencia. Es más, los países hegemónicos reconocieron expresamente el carácter clientelista y subalterno del organismo al adoptar medidas de combate a la crisis fuera de su ámbito.