Con el fracaso, de la última, reunión ministerial de Hong Kong, sufrió otro duro golpe el sistema multilateral de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fundada en 1995 como consecuencia de los llamados Tratados de Marrakesch, firmados en 1994 al final de la Ronda Uruguay del antiguo Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT). Antes de este revés, dos graves fracasos ya habían sucedido en ocasión de las reuniones (bienales) ministeriales de Seattle, en 1999, cuando se pretendió lanzar una nueva ronda de negociaciones y en 2003, ya en el ámbito de la Ronda Doha de Desarrollo, lanzada en Qatar, en Noviembre de 2001.
El lanzamiento de la Ronda Doha se siguió a la clara constatación de que el régimen jurídico de la OMC contenía el mayor fraude jamás perpetrado contra los países en desarrollo. Así, la OMC fue configurada de modo de promover la prosperidad selectiva de unos pocos países desarrollados, en detrimento de la mayoría de los 149 Estados miembros del sistema multilateral de comercio, los países en desarrollo.
Ya en el final de la Ronda Uruguay, el Banco Mundial advertía que el 64% de las ganancias de la ronda de negociaciones corresponderían a los países desarrollados. La realidad se evidenció mucho peor: en 2001, el insospechado Fondo Monetario Internacional (FMI) constató que el 73% de los beneficios correspondieron a los países desarrollados. Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) colocó los provechos de los países ricos en un 80%.
De hecho, la formulación de la OMC favoreció a los países ricos de múltiples formas, comenzando por la inclusión de las llamadas áreas nuevas: servicios, propiedad intelectual e inversiones. En el sector de servicios, fueron incluidos en el régimen multilateral las modalidades de interés de los países desarrollados, por ejemplo., de las grandes empresas transnacionales, mientras que las modalidades de intereses de los países en desarrollo quedaron excluidas.
Como resultado, los países ricos dominan hoy, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), nada menos que el 80% del mercado internacional de servicios. Peor aún es el hecho de que el crecimiento de las ventas internacionales de servicios, es tres veces mayor para los países desarrollados.
Esto nos lleva al corolario necesario de que, con el tiempo, los países en desarrollo serán alienados de este importante segmento, a menos que se realicen profundas reformas. Hoy, en todos los países en desarrollo, la participación del sector de servicios en el PBI es de, por lo menos, el doble de las que corresponden a la agricultura y a la industria.
En el área de la propiedad intelectual, el llamado Acuerdo TRIPS transformó a la OMC en una agencia de recolección de royalties para las grandes empresas transnacionales; promovió una orgía de subsidios gubernamentales en los países desarrollados; desarrolló la concentración de las innovaciones en los países ricos; alentó prácticas anti-competencia y de concentración de mercado; y, vergonzosamente, denegó los derechos humanos de billones de personas en la salud pública.
En lo que tiene que ver con las llamadas medidas de inversión relacionadas con el comercio, objeto del Acuerdo TRIMS, las políticas de desarrollo tradicionalmente aplicadas por los países pobres fueron prohibidas, pero la cuestión de la asimetría en el acceso y costo del crédito, por ejemplo, no fue considerada. La cooperación en el combate al fraude fiscal no fue promovida. De la misma forma, el tema del impacto de las compras gubernamentales, notoriamente en el sector militar, en la escala de las empresas, no fue tratada.
Por su parte, el sistema de resolución de disputas de la OMC, que tantas esperanzas había dado a los países en desarrollo, fue una gran desilusión.
El sistema, desde el inicio controlado por las agencias de inteligencia de los países hegemónicos, se caracterizó por la falta de transparencia; por la usurpación de los derechos de los países en desarrollo; por decisiones disparatadas; y por la no ejecución de sus decisiones.
La necesidad de la reforma del sistema de resolución de disputas de la OMC, esencial para el reconocimiento de los derechos y el combate a los abusos, fue ampliamente reconocida por los Estados miembros del sistema multilateral de comercio. Así, fueron sugeridas modificaciones para todos los artículos y anexos del Entendimiento sobre la Resolución de Disputas, pero el proceso de reforma se encuentra empantanado desde 2003 y no forma parte del llamado compromiso único de la Ronda Doha.
El mayor foco de las negociaciones en el ámbito de la Ronda Doha, inclusive para Brasil, fue ubicado en el sector agrícola. De hecho, este sector presenta distorsiones gravísimas con los escandalosos subsidios de aproximadamente U$S 1 billón por día, desembolsados por los países desarrollados, que promueven la miseria y la desesperanza en una escala global. Sólo la Unión Europea dedica 43% de su presupuesto a los subsidios agrícolas.
Todavía, el área agrícola no representa, ni por lejos, la única, ni la mayor anomalía de un sistema multilateral de comercio que promueve la insostenible lógica de la prosperidad selectiva de unos pocos, en detrimento de muchos. Este sistema, ya largamente percibido como injusto y cruel por la opinión pública internacional, carece de una reforma mucho más profunda. Mientras esta no se de, su crisis de credibilidad comprometerá el desarrollo del derecho internacional.
(*)Socio-senior del escritorio Noronha Abogados y árbitro de Brasil en la OMC.
Advogado admitido no Brasil, Inglaterra e Gales e Portugal. Formou-se em direito pela PUC-SP em 1975. Árbitro do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e da OMC (Organização Mundial do Comércio), e professor de direito do comércio internacional na pós-graduação da Universidade Cândido Mendes (RJ).