Cuando Brasil puso la mira en la legislación laboral fascista italiana hace aproximadamente 70 años, el perfil económico y social del país era muy diferente al de hoy. En los años 1940 y 1950, Brasil tenía, fundamentalmente, una economía agrícola y una población rural. La industrialización era incipiente y la nueva mano de obra urbana requería un grado considerable de protección legislativa, con el fin de evitar abusos y promover los derechos humanos.

Por lo tanto, fue en este contexto que la Consolidación de las Leyes Laborales (CLL) fue promulgada originalmente en 1943, durante la dictadura fascista del Presidente Getúlio Vargas y siguió la creación de los tribunales especializados en asuntos laborales en 1939. En los años que siguieron Brasil evolucionó económica, social y políticamente, las leyes laborales del país no sólo fracasaron al ajustarse a los nuevos tiempos, sino que también incorporaron una enorme carga de demagogia política que aumentó sustancialmente la carga de los empleadores (y de la sociedad), sin beneficiar necesariamente a los empleados.

La situación se vio más agravada aún por el sesgo frecuentemente no-jurídico existente en los tribunales laborales en favor del aparente interés de los trabajadores, en detrimento de la sociedad en general. Esto es así porque se han concedido demasiados premios en función de la capacidad de pago del empleador más que por los fundamentos jurídicos en un caso concreto. Aquí es donde se produjo la inseguridad jurídica.

Los costos derivados de tan nefasta combinación se agregaron gradualmente a la eliminación de importantes elementos de la competitividad internacional de la economía brasileña, junto con otras características negativas, tales como la masiva apreciación del tipo de cambio, las altas tasas de interés y un régimen fiscal demencial.

Un estudio reciente realizado por la Fundación Getúlio Vargas, un instituto de enseñanza, junto con la Confederación Nacional de Industrias (CNI), determinó que el costo de la mano de obra brasileña, en promedio, representaría 2,83 veces – equivalente a un 183% – del salario recibido, durante un período de 12 meses de un contrato laboral dado.

Estos costos adicionales derivan de un número de obligaciones legales accesorias, tanto en el CLT como en otras diversas legislaciones promulgadas a lo largo de años, beneficios negociados, requisitos burocráticos y gerenciamiento de las relaciones laborales. De acuerdo con el estudio antes mencionado, el empleado sólo recibe directa o indirectamente alrededor del 60% del total de los desembolsos que el empleador soporta para contratar y mantener un empleado en Brasil. El resto se perderá en el camino y buena parte de éste en los ingresos del gobierno.

Esta desastrosa situación ha exigido ajustes sustanciales durante mucho tiempo actualmente, con el fin de reducir los costos para la sociedad y aumentar los ingresos de los trabajadores. Brasil es hoy la 6ª economía más grande del mundo y una de las más efectivas redes de medidas de asistencia social en el mundo.
  
Por lo tanto, es de esperar que un gobierno conducido por el Partido de los Trabajadores (PT) tenga la autoridad moral y el mandato político para llevar a cabo dichas reformas de las que todo el país, indudablemente, se vería beneficiado.

Fuente: Tip News

Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte