Las potencias occidentales tienen tradicionalmente una postura hipócrita con relación a los grandes temas del derecho internacional como, por un lado, el discurso mojigato con respecto a los derechos humanos, la protección a las poblaciones civiles, el combate a la corrupción, la lucha contra el lavado de dinero y el embate contra el crimen organizado y, por el otro, los intereses pragmáticos de sus agentes privados y sanguinarios gobiernos.
La crisis actual en Libia, demostró una vez más la veracidad de dicho fenómeno. De hecho, un informe publicado en Londres el 5 de abril de 2011, da cuenta que el gobierno británico hasta hace poco tiempo atrás, aún en el presente año, tenía licencias de exportación de armamentos en vigencia para países como Libia, Egipto, Túnez y Bahrein.
Dichos armamentos incluían diferentes items como el gas lacrimógeno, armas de pequeño porte, ametralladoras, varios instrumentos de control de multitudes, pertrechos utilizables en la tortura, además de otros de uso corriente en la represión de las poblaciones civiles en todo el mundo.
De la misma forma, las potencias occidentales dirigían los recursos financieros de la dictadura Libia y de sus agentes hasta la Resolución 1970 de la ONU, del 26 de febrero de 2011, adoptada por unanimidad y que trata de la preservación de los derechos humanos de las poblaciones civiles de Libia.
En marzo del mismo año, diferentes gobiernos occidentales, hasta entonces socios íntimos del régimen libanés, decretaron el congelamiento de los recursos del régimen y de sus principales lideres, incluyendo los de Muamar Gaddafi. Es difícil precisar el monto de tamañas inversiones mantenidas en el sistema bancario occidental.
Sólo en los Estados Unidos de América, fueron congelados U$S 32 mil millones. En Alemania, fueron bloqueados € 10 mil millones en 193 cuentas diferentes mantenidas en 14 bancos, incluido el Bundesbank. En el Reino Unido, el régimen de Gaddafi tiene más de £ 20 mil millones de recursos líquidos, fuera de inversiones considerables en organizaciones como el banco HSBC, el controlador del diario Financial Times e, incluso, en la London School of Economics (LSE).
En Italia, el régimen libanés y sus operadores poseen un monto estimado en cerca de € 10 mil millones, comprendiendo inversiones en la FIAT, en la UNICREDIT, en la ENI e incluso en la Juventus Football Club de Turín. Todo esto sin contar las contribuciones significativas para partidos de la coalición bufonesca, ridícula y criminal que mantiene a Berlusconi, el sátiro libertino, en el poder.
Ahora, ¿no correspondería preguntarse cómo un dictador notoriamente corrupto y sanguinario como Gaddafi tiene la posibilidad de abrir cuentas personales para si mismo, sus estructuras societarias personales y familiares, en países que tienen leyes de combate a la corrupción, al crimen organizado, al lavado de dinero y bancos que hacen la auditoría legal de sus clientes para asegurarse de la conformidad con aquellas leyes?
Con el régimen libanés en crisis, comenzó la carrera para que los agentes inmorales de las potencias occidentales, tanto públicos como privados, se apropien de los recursos sustraídos del pueblo libanés y que a él le pertenecen. Usan, para tal cometido, argumentos de los más diversos, todos ellos disociados de su acción anterior.
Es en situaciones poco edificantes como ésta que se plantea la necesidad de un nuevo orden internacional y de un régimen más eficaz en el seno de la ONU.
Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte
Advogado admitido no Brasil, Inglaterra e Gales e Portugal. Formou-se em direito pela PUC-SP em 1975. Árbitro do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e da OMC (Organização Mundial do Comércio), e professor de direito do comércio internacional na pós-graduação da Universidade Cândido Mendes (RJ).