Brasilia – El Congreso de los Estados Unidos de América (EUA) aprobó, la semana pasada (28 de setiembre de 2006), un proyecto de ley que busca convalidar las prácticas atentatorias a los derechos humanos llevadas adelante por el gobierno Bush, luego de la decisión adversa de la Suprema Corte del país, tomada en junio de este año, que declaraba ilegal el tratamiento de combatientes insurgentes y los procedimientos jurídicos de aquella administración.
La nueva ley rompe con una tradición de juridicidad que existe hace más de 200 años en el país al convalidar normas que suspenden el Bill of Rights, acaban con el hábeas corpus, convalidan la tortura, cercenan el derecho de defensa, permiten el uso de pruebas obtenidas ilegalmente, autorizan la prisión sin culpa formada y por plazo indeterminado y confieren al presidente de los EE.UU. el poder de “interpretar” convenciones internacionales.
La ley no se restringe a los llamados prisioneros de Guantánamo y tiene una aplicación amplia a todos los que “intencionalmente y materialmente hayan apoyado hostilidades contra los EE.UU.”. Esta definición permite una interpretación extraordinariamente amplia, que podrá inclusive limitar el derecho a la libertad de expresión de opiniones. De la misma forma, discriminará aún más a los extranjeros residentes en el territorio del país norteamericano, aunque sea legalmente.
Esta infame ley no es una iniciativa aislada sino, por el contrario, refuerza una tendencia de aumento de las restricciones al imperio de la ley y a las libertades civiles, en los EE.UU. De hecho, en la misma semana, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto del gobierno de escuchas telefónicas. Por su parte, contemporáneamente, el Senado aprobó la suma de U$S 1,2 billones para la construcción del muro de la infamia entre los EE.UU. y Méjico que, con 1.300 kilómetros, equivale a la cortina de hierro no sólo en la extensión, sino también en la vergüenza.
En una perspectiva institucional interna, los EE.UU. fueron, por muchos años, un farol de la libertad inspirando la evolución internacional de los derechos humanos, de las libertades democráticas, del estado de Derecho y de la propia democracia. Hoy, todavía, la lamentable situación jurídica en que se encuentra el país evoca más los tiempos sombríos de la Alemania nazi, de la Unión Soviética y de la Italia fascista.
Por otro lado, el poderío militar incontrolado del país no permitía su categorización precisa como una república bananera, aunque sus instituciones políticas estén en franco proceso de envilecimiento.
De hecho, más allá de la crisis del poder legislativo de los EE.UU., el ejecutivo ya demostró todos los vicios antidemocráticos y el judicial se volvió un poder subordinado al ejecutivo, abalizándose, por ahora ocasionalmente, en la lealtad partidaria más que en la ley.
Así, el efecto corrosivo de estos sombríos desdoblamientos de orden interno, se hacen sentir en los foros internacionales, en los cuales los EE.UU. se tornaron una fuerza de opresión, del arbitrio y de la miseria.
Traducido para La ONDA digital por Cristina Iriarte
Lawyer admitted in Brazil, England and Wales and Portugal. GATT and WTO panelist. Brazilian government ad-hoc representative for the Uruguay Round of the GATT. Post-graduation professor of the law of international trade.