La última semana de febrero de 2009 fue despedida con otro anuncio, en los Estados Unidos, de mayores inyecciones de fondos en los principales bancos, en caso de que las instituciones no pasen las pruebas de salud financiera, que envuelven la proyección de pérdidas potenciales en el período de los próximos 24 meses. Los Estados Unidos ya programaron un déficit de presupuesto, para el presente año, del orden del 12% del PBI.
En la eventualidad, altamente probable, del agravamiento de la situación de balance de los 19 mayores bancos del país, el gobierno norteamericano, a semejanza de lo que han hecho los gobiernos europeos en general y, claramente, el del Reino Unido, suscribirá mayores cantidades de acciones de las instituciones, al mismo tiempo que garantizará el pasivo líquido.
Hasta el momento, el Citigroup ya recibió U$S 45 mil millones en capital sin derecho a voto por parte del gobierno federal americano, así como garantías con respecto a aproximadamente U$S 300 mil millones con referencia a sus peores activos, representados probablemente por valores irrecuperables o de bajísima posibilidad de retorno.
A fines de la última semana, arriba mencionada, el gobierno americano anunció que tomará la posición sobre el 40% del capital votante, convirtiéndose por lejos en el principal accionista de la referida institución. Con la probable necesidad de mayores aportes en el futuro próximo, el gobierno de los Estados Unidos habrá de tornarse no sólo en el controlador, sino también en el respectivo accionista mayoritario.
Esta receta se originó en el Reino Unido donde el gobierno asumió el control accionario del RBS (Royal Bank of Scotland), más allá de haber garantizado activos por un valor de aproximadamente U$S 430 mil millones. Una solución similar fue adoptada para el Lloyds Bank, hoy ya controlado por el gobierno. En Europa, de forma general, otros países adoptaron el mismo procedimiento, como Bélgica, Irlanda y la propia Alemania, lo que efectivamente acaba con la economía de mercado en los sectores financieros de la región, como también de aquellos situados en los Estados Unidos.
Aunque fueron denominadas como “nacionalización”, dichas operaciones son caracterizadas, mejor, como subsidios al sector privado. De hecho, en una nacionalización propiamente dicha, el Estado pasa a administrar una institución dentro del interés público, imprimiendo directrices para una actuación comercial proficua, así como para el retorno de la inversión realizada.
En este caso, lo que ha ocurrido es que el Estado, a expensas de la estabilidad macroeconómica y de los contribuyentes, ha efectuado desembolsos para apoyar elementos importantes de la plutocracia que lo sustenta. Los consumidores también pagarán el precio de la sandez con el inexorable aumento de la inflación, de la misma forma que lo harán los trabajadores, con la pérdida del empleo generada por la caída de la actividad productiva.
El sofisma es perverso porque el apoyo a los plutócratas irresponsables, pero que están estrechamente relacionados a los gobiernos de Europa y de los Estados Unidos, que es hecho ostensiblemente en nombre de la promoción de la mayor estabilidad económica, tendrá justamente el efecto opuesto: el de profundizar la crisis, por el agravamiento de la situación de las finanzas del Estado.
De hecho, desde la perspectiva de la plutocracia quebrada, el aporte de finanzas del Estado es apenas una tabla de salvación de la bancarrota que se planteaba segura, y no una oportunidad para trasladar los recursos a las respectivas economías. Por el contrario, la plutocracia atesora los recursos recibidos del Estado, impidiendo que la liquidez penetre la economía hacia un funcionamiento eficaz.
Debido a la dimensión del problema, se debe estar atento no sólo al agravamiento de la coyuntura internacional, principalmente en los Estados Unidos y Europa, sino igualmente a los efectos mortíferos de la competencia que dichos nuevos monstruos creados por la plutocracia occidental, van a imponer a los países en desarrollo.
Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte
Advogado admitido no Brasil, Inglaterra e Gales e Portugal. Formou-se em direito pela PUC-SP em 1975. Árbitro do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e da OMC (Organização Mundial do Comércio), e professor de direito do comércio internacional na pós-graduação da Universidade Cândido Mendes (RJ).